En apenas dos años, entre 2010 y 2012, quince países en desarrollo, entre los que se cuentan algunos latinoamericanos, han logrado hacerse del 80% de los fondos que fueron desviados de las arcas estatales por medio de adjudicaciones irregulares de algún tipo de contrato entre el Estado y el sector privado. Se trata, sin embargo, de los contados casos que fueron objeto de alguna denuncia o investigación especial, y probablemente ni siquiera son una aproximación a la masa de actos de corrupción en los que se hallan involucrados hombres de negocios y funcionarios públicos. Por ahora, más importante que la noticia de la recuperación de estos fondos, es saber que existen los mecanismos de investigación y de colaboración internacionales que impiden que estos hechos queden impunes.
El caso de la empresa Odebrecht, descubierto en Brasil no hace poco tiempo, no es el primero en ser perseguido por la justicia, aunque es emblemático por sus dimensiones y sus ramificaciones en América Latina. Hay quienes piensan que apenas se está vislumbrando la punta de un iceberg de grandes proporciones y que sería descubierto si las investigaciones continúan con la misma diligencia con la que este proceso se ha llevado adelante hasta ahora.
Que las investigaciones internacionales puedan llegar a tocar a Bolivia, es algo que todavía no se sabe. Si ello ocurriera, quizá entonces puedan desvelarse algunos graves delitos y que no queden impunes, y hasta tal vez el país pudiera recuperar dineros desviados por la corrupción.
Recuperación de activos
La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (STAR por sus siglas en inglés), un programa impulsado por el Banco Mundial y la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reporta que entre 2006 y 2012 se han retenido judicialmente activos que suman más de USD 2,500 millones en procesos seguidos contra perpetradores de delitos de corrupción. Se espera que una buena parte de esos recursos sea devuelta a los países en los que se cometieron esos hechos. De acuerdo con la información que se publica en el sitio Internet de esta iniciativa, hasta ahora se tienen iniciados 239 procesos judiciales por medio de los cuales se han retenido activos robados en 49 jurisdicciones (ver Tabla 1). Entre ellos se cuentan 110 procesos que han sido completados con éxito.
El fenómeno de la corrupción
Los fondos desviados de las contracciones públicas son la consecuencia de un fenómeno que habría que atacarlo en sus orígenes. La corrupción es un obstáculo para poner fin a la pobreza y afecta a las instituciones más fundamentales de una sociedad, que es el aspecto más costoso en términos de su impacto económico. Evitar la corrupción tiene, por lo tanto, retornos que multiplican varias veces las sumas de dinero que se logran recuperar con iniciativas como la STAR.
En muchos países los cobros y pagos irregulares y otras formas de extraer fondos públicos y retribuir a empleados estatales son prácticas continuas de empresas que tratan con funcionarios públicos que cambian a lo largo del tiempo, mientras que las personas y las empresas que promueven estos delitos no cambian y tienen a la corrupción como una estrategia de crecimiento y de prevalecer en el mercado.
No cabe duda que estos casos se dan allá donde existen las condiciones para su realización. Y, obviamente, las oportunidades se multiplican en relación directa con el grado de centralidad estatal y con las dimensiones del accionar del Estado. Esta afirmación no es una forma velada de promover la idea de limitar y menos eliminar al Estado. Es simplemente la explicitación de un hecho que debe aquilatarse correctamente para que las medidas que se tomen para prevenir la corrupción guarden relación con el tamaño de las oportunidades que hacen posible que este problema se presente.
“Empresarios” y empresarios
A mediados de los años setenta se acuñó en Argentina el concepto de la patria contratista para identificar con él a una élite de empresas proveedoras del Estado que se beneficiaba de contratos sobrefacturados, subsidios, recálculos de precios, prórrogas de términos, alteraciones de contratos y otras formas de hacerse de fondos públicos. La idea estuvo circunscrita a describir a una parte del universo de personas e instituciones que conforman la maquinaria que se enriquece a costa del Estado, y fue endilgada al capitalismo salvaje cuando en realidad estos hechos no reconocen ideologías ni modelos económicos.
Pero este concepto pone el énfasis en un aspecto de la trama de corrupción que es casi permanente y, ciertamente, más perdurable que las personas que transitan por el Estado. Es, en cierta medida, el germen que hace posible que estas prácticas se mantengan en el tiempo: los hombres que hacen negociados con el Estado. A estos hay que distinguirlos de los empresarios, de los que arriesgan su patrimonio, los que de verdad aportan al desarrollo porque emprenden proyectos honestos así sea para ofrecerlos al Estado. A estos últimos debería interesarles distinguirse de aquellos cuyas actividades dependen de su habilidad para conectarse con los poderosos de turno y obtener de ellos no solo contratos injustos sino dádivas, privilegios y canonjías. Los daños que estos últimos producen van más allá de los dineros que pierde la sociedad. Su accionar destruye la confianza de la sociedad en sus instituciones y deforman el sistema de valores que rige las relaciones entre ciudadanos.
La urgencia o necesidad de que la economía se dinamice no puede ser motivo para dejar abierta una puerta ancha a las malas prácticas de funcionarios y hombres de negocios. Los costos financieros, económicos y sociales son enormes cuando las decisiones públicas se ejecutan sin el debido estudio, cuando se pagan precios que no son los de mercado, y cuando finalmente las obras no se ejecutan, o se ejecutan mal o a medias, o son de una calidad que se hacen inservibles en corto tiempo.
Recomendaciones
La ética en los negocios no es espontánea, menos en países en los que los valores que distinguen a la sociedad no la incluyen. Por eso, los centros de educación, especialmente las universidades, deberían incorporar su enseñanza tal como ahora sucede en las más prestigiosas casas superiores de estudio en el mundo.
Los gremios empresariales podrían también ser promotores de la ética empresarial a través de iniciativas que promuevan la adopción de códigos de ética dentro de las empresas que abarquen no solamente a sus directivos sino a todo su personal e inclusive a las empresas con las que mantienen relaciones de clientes o proveedores. Muchas de las más prestigiosa empresas del mundo los tienen publicados y organismos como la OCDE han elaborado guías sobre principios corporativos a los que deben sujetarse las empresas que operan en sus estados miembros.
Desde el Estado se puede contribuir a que las empresas se desenvuelvan en un ambiente de trasparencia y sana competencia eliminando las contrataciones directas y obligando a que los procesos de contratación, desde la convocatoria, pasando por la adjudicación, y hasta los informes de conclusión de contratos, sean ampliamente difundidos, asegurando así que sus términos y condiciones se basen en criterios que promuevan la competencia entre proponentes, aseguren eficiencia y economía en los proyectos estatales, no discriminen entre potenciales oferentes, y eviten toda forma velada de direccionar las convocatorias hacia algún proponente en particular, algo que lamentablemente ocurre en medio de una aparente transparencia.
Hoy día esto no es posible en Bolivia, debido también a que el derecho de acceso a la información pública, reconocido por la CPE, está severamente restringido, y lo mismo sucede con los principios constitucionales de publicidad y transparencia en la administración pública, lo cual favorece la opacidad en los procesos de contrataciones -libres de fiscalización institucional y de vigilancia ciudadana-, y por tanto los arreglos espurios entre funcionarios y contratistas. De ahí la necesidad y urgencia de contar con una ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Entre otras acciones que podrían adoptarse en Bolivia está la de buscar su incorporación a la Extractive Industries Transparency Initiative, una agrupación de empresas y gobiernos, ahora de 51 países, y poner en práctica el tipo de auditorías que promueve esta iniciativa, permitiendo de esta manera verificar que todos los pagos a lo largo de la cadena de valor de los sectores extractivos sean hechos correctamente. Desde luego que ello requiere de voluntad política de los gobernantes, pero también de una sociedad que lo exija.
