La política fiscal debería ser coherente con el tipo de cambio nominal, vigente desde fines de 2011.
El Fondo Monetario Internacional recomendó al Gobierno de Bolivia introducir modificaciones en la Ley de Servicios Financieros 393, promulgada en agosto de 2013.
Concretamente, planteó la eliminación gradual de los topes fijados para las tasas de interés de créditos de vivienda social y productivo.
“Los objetivos de los préstamos al sector productivo deberían eliminarse y los topes a las tasas de interés deben reducirse gradualmente, para permitir que los principios de rentabilidad-riesgo respalden las decisiones de préstamos”, sostuvo la entidad multilateral en la evaluación del desempeño económico de Bolivia, contenida en el reporte del Directorio Ejecutivo del FMI, en aplicación de la Consulta del Artículo IV 2017 con Bolivia, y publicado el 22 de diciembre pasado.
En este ámbito, el FMI evaluó que las autoridades bolivianas deben considerar también más mecanismos orientados al mercado para mejorar el acceso financiero y la cartera de préstamos para vivienda monitoreada de cerca. ASFI debería acelerar esfuerzos para que la supervisión del sector financiero esté más basada en el riesgo y en el futuro mejorar su capacidad analítica y coordinar mejor con la Autoridad de Pensiones y Seguros, según el organismo.
VOZ OFICIAL
El ministro de Economía, Mario Guillén, desestimó la aplicación de las recomendaciones del FMI a las que calificó de “recetas”. “Nosotros explicamos en el Fondo nuestra política con resultados”, dijo Guillén en un programa de televisión, dirigido por el pastor evángélico, Alberto Saucedo.
Guillén, días atrás, fustigó en un informe que prestó en su despacho a prestigiosos economistas, que observaron el descuido del Gobierno en alentar mayores exportaciones de bienes con valor agregado y por centrar el crecimiento en sectores del mercado interno (no transables), que no exportan.
BANCOS
Hace dos semanas el expresidente de la Asociación de Bancos Privados (Asoban), Kurt Koenigsfest, alertó sobre el impacto de crédito con tasas reguladas, lo que estaría afectando el financiamiento al sector productivo de las Pymes (medianas y pequeñas empresas), en razón a los bajos costos administrativos de los créditos.
En esa misma dirección opinó el analista financiero Armando Álvarez, quien sostuvo que los bancos han disminuido sus utilidades no solamente por las tasas reguladas y la constitución de fondos de garantía, sino porque el fondeo de financiamiento para los sectores de consumo y servicios se ha visto más reducido por la imposición de metas de la ASFI, relacionadas con la adecuación de cartera, que obliga a las entidades constituir hasta 60% de sus recursos en favor de créditos regulados.
GASTO SOCIAL
A pesar de los avances socioeconómicos de 2004 a 2014, la perspectiva actual de bajos precios de las materias primas justifica un reequilibrio de las políticas, señaló el FMI. “Un ajuste en la política macro y la reasignación del gasto social ayudaría a consolidar la estabilidad, aumentar la confianza y preservar los avances en el progreso social”, señaló el resumen del informe publicado por la Fundación Milenio.
“El endurecimiento de las políticas debería respaldarse con reformas estructurales, para aumentar la inversión privada y ayudar a la economía a cambiar a nuevas fuentes de crecimiento en los sectores no extractivos y aplicar reformas importantes cualquiera sea la perspectiva de los precios de los productos básicos. Con reservas aún elevadas, Bolivia podría adoptar un enfoque gradual guiado por un marco de políticas claras a mediano plazo”.
FONDO PIDE POLÍTICA FISCAL MÁS ESTRICTA
En sus recomendaciones al Gobierno de Bolivia, el FMI estimó también necesario que la política fiscal sea más estricta y coherente con el marco-macro, anclado por el tipo de cambio nominal. “Bajo las políticas actuales, las perspectivas apuntan a déficits fiscales y externos persistentes y pérdidas continuas de reservas”. Para contener estos déficits, sugiere una reducción moderada del déficit no relacionado con los hidrocarburos en alrededor del 1,2% del PIB por año. El objetivo de esta medida sería “estabilizar la deuda pública y desacelerar las pérdidas de reservas, además de crear espacio fiscal para objetivos de desarrollo social”.
EFICIENCIA
“La mayor parte del ajuste fiscal –añadió– debe venir del lado del gasto. Una reducción gradual del ratio (indicador) gasto salarial – PIB podría acompañarse de una mayor eficiencia en la inversión pública, centrándose en infraestructura prioritaria, en salud y en educación, y tomando medidas para aumentar su eficiencia”. Recomendó, igualmente, considerar un impuesto progresivo sobre la renta personal para las personas de altos ingresos y la reforma impositiva para los sectores de hidrocarburos y minerales a fin de promover la inversión.
12 de enero de 2018
Fuente: El Diario
