La rendición de cuentas que el Ministerio de Minería ha presentado en Audiencia Pública llevada a cabo el pasado 18 de febrero, en la ciudad de Potosí, ha confirmado la situación crítica de la minería boliviana que el país hereda de casi 14 años de extravío populista en el campo de la industria minera; una herencia pesada que, por cierto, no será fácil de revertir, pero que a la vez plantea la necesidad de repensar a fondo la política minera y sus opciones de cara al futuro.
Reservas de minerales
El informe de los nuevos titulares del Ministerio de Minería pone de manifiesto uno de los problemas más preocupantes, como es la falta de ampliación de las reservas de minerales, con los consiguientes riesgos para las operaciones mineras a mediano plazo, producto de la carencia de inversiones en exploración y en desarrollo de nuevos proyectos. Los datos comparativos al respecto son concluyentes: mientras en los países vecinos Chile y Perú, la inversión anual en prospección y exploración se sitúa en $us 654 millones y $us 357 millones, respectivamente, en Bolivia esta misma inversión no sobrepasa los $us 4 millones anuales; una cifra ridícula. Como se ve en el gráfico siguiente, en los 14 años de gobierno del MAS, la inversión exploratoria totalizó 55 millones de dólares, o sea prácticamente nada.
En realidad, los datos oficiales solo corroboran una situación alarmante de la cual se tienen otros antecedentes. Se sabe, por ejemplo, que las principales minas que operan empresas privadas se hallan en una etapa terminal de sus yacimientos y que en pocos años sencillamente podrían tornarse inoperables económicamente. Hablamos de la minería privada que aporta casi el 60% de la producción y de las exportaciones de minerales. Y si esto ocurre con el segmento minero que es la columna vertebral de la minería nacional, no es difícil imaginarse sus graves consecuencias en generación de divisas y en ingresos fiscales y en empleo, sobre todo para los departamentos de Potosí y Oruro, y que es justamente lo que advierte el informe del ministerio del ramo.
Sequía de inversiones
Los datos oficiales son igualmente categóricos en cuanto al fracaso absoluto del gobierno del MAS en el intento de captar inversión extranjera para nuevos proyectos mineros.
Fracaso que se explica no solamente por la incompetencia de sus funcionarios para generar el interés de los inversionistas, sino por su incapacidad de entender que ha sido su propia política minera, ineficiente y anacrónica, que ha levantado barreras infranqueables a la inversión, tales como la inseguridad jurídica contenida en la propia legislación y en los contratos mineros, un régimen tributario ineficaz que no compite con las condiciones más ventajosas que ofrecen otros países y también por las muchas restricciones en recursos humanos, en proveedores y en infraestructura, que hacen que la minería boliviana sea una industria poco competitiva internacionalmente.
Resultados fallidos, irregularidades y daño económico
No menos ostensible ha sido el fracaso de la inversión pública en las empresas de COMIBOL, en un monto nada despreciable de 5.518 millones de bolivianos (casi 800 millones de dólares). Según refiere el Ministerio de Minería en su rendición pública de cuentas, estos recursos fueron malgastados y dilapidados en proyectos mal concebidos y peor ejecutados, corrupción, ineptitud administrativa, peguismo y clientelismo político. Este sería el caso de la construcción del Dique de Colas Alterno Lucianita de la Empresa Minera Huanuni, con indicios de responsabilidad por la función pública.
El informe oficial señala el incumplimiento de obras programadas como la construcción de las plantas de zinc en Oruro y Potosí, y de la planta de alambrón en La Paz, varias veces comprometidas. O bien los 11 años de retraso que lleva la industrialización del yacimiento del Mutún. También queda pendiente la formalización de una enorme cantidad de contratos mineros: tan solo 248 Contratos Administrativos Mineros han recibido aprobación de la Asamblea Legislativa, que es apenas el 8% del total de solicitudes recibidas, y el 1% de las solicitudes de adecuación de contratos.
Tampoco se implementaron mecanismos de control y fiscalización de la comercialización de minerales y metales, con el consecuente daño económico al Estado, además de la situación de informalización de numerosas cooperativas mineras y productores mineros chicos. Un dato revelador es que solo un 20 por ciento de las cooperativas mineras y un 48 por ciento de los mineros chicos cuentan con el Número de Identidad Minera (NIM) y muy pocos están registrados en el Registro Unico Minero (RUM), lo que pone de manifiesto la fallida implementación del sistema Integrado de Información Minero-Metalúrgico; proyecto éste que ha demandado una inversión de 1.5 millones de bolivianos y por lo cual se tienen indicios de responsabilidad detectados en una auditoría en proceso de revisión.
Para colmo, la irresponsable nacionalización de empresas y yacimientos mineros podrían significar una pérdida para el Estado de 902 millones de dólares; una verdadera sangría fiscal. Tal es el balance de una década y media de desgobierno en la minería, y cuyo resultado evidente es la incertidumbre que marca su inmediato futuro.
¿Qué hacer?
Que la minería requiere de acciones prontas y eficaces para salir de su estancamiento, no quepa ninguna duda. Sin embargo, no se puede ignorar que los factores subyacentes no son únicamente coyunturales sino estructurales. Y los remedios tienen que estar a la altura de los problemas. Hablamos de un plan de recuperación minera, que conlleva el reto de una vigorosa reforma institucional que pueda hacer de ella una industria moderna y eficiente, siendo por tanto indispensable un régimen normativo y regulatorio adecuado para promover la inversión minera y robustecer un sector privado competitivo, capaz de expandir la producción y las exportaciones y alrededor del cual sea posible elevar la productividad, la innovación y el cuidado ambiental.
Sin duda, la primera prioridad debe ser atraer inversiones a la exploración minera, por cuenta de empresas junior especializadas en labores exploratorias, bajo un régimen de incentivos tributarios adecuados, la garantía de seguridad jurídica y estabilidad en los contratos, además de la formación de un fondo de exploración minera con recursos de capital de riesgos. El impulso a la exploración debe darse en áreas tradicionales y en otras regiones con potencial de metales tecnológicos, en un esfuerzo de diversificación productiva minera.
En el marco de una nueva política minera, con objetivos claros y continuos, cobra máxima relevancia reencauzar el proyecto de explotación e industrialización del litio, en las condiciones más ventajosos para el país y en los plazos más breves posibles, movilizando la inversión, la tecnología y los recursos humanos necesarios. El litio es la oportunidad para captar una gran inversión mediante una asociación estratégica con los grandes jugadores mundiales, y también para despertar un renovado interés del capital internacional, en un momento de cambio político en nuestro país y cuando pueden darse condiciones políticas y reformas que hagan atractivo invertir en la minería boliviana.
El gobierno de Jeanine Añez puede dar señales importantes en ese sentido, y abonar el terreno para seguir construyendo durante el próximo gobierno.
