En 2019, el país vecino destinó $us 654 millones a la exploración. El ministerio del área advirtió que Bolivia corre el riesgo de un mayor desempleo y menos ingresos.
La inversión minera de Bolivia cerró 2019 en cuatro millones de dólares, lo que equivale al 0,61% frente a los 654 millones de dólares que Chile el 0,61% de lo destinó a la prospección y explotación.
En los 14 años del gobierno del MAS apenas se invirtieron en la minería 56 millones de dólares, cifra que deja un promedio anual de cuatro millones. Con estos datos expertos advierten una “crisis inminente” del sector.
“La inversión ejecutada fue mínima, no se ampliaron las reservas. La minería está en riesgo a mediano plazo y esto puede derivar en mayor desempleo y menores ingresos para el país”, informó el Ministerio de Minería, en su rendición de cuentas.
De acuerdo con los datos oficiales, Bolivia destinó para prospección y exploración un promedio anual de cuatro millones de dólares para un total de 56 millones en los anteriores 14 años.
Al comparar esas cifras con los países de tradición minera de la región, se ve que sólo en 2019 Perú destinó 357 millones de dólares, mientras que Chile invirtió 654 millones de dólares.
En el caso de la promoción de inversiones e implementación de nuevos proyectos, la inversión anual promedio entre 2014 y 2018 fue de 305 millones de dólares, monto mínimo comparado con Chile, que destinó un total de 8.780 millones de dólares en los mismos cuatro años.
Perú alcanzó 5.831 millones de la divisa estadounidense, mientras que Argentina destinó 2.607 millones de dólares a la tarea.
El ministerio explicó que la situación del sector es resultado de la “falta de incentivos para las inversiones”, además de que tampoco se ejecutaron nuevos proyectos y hubo una lenta otorgación de derechos mineros.
El exministro de Minería Dionisio Garzón sostuvo que los datos presentados reflejan la “crisis terminal” en la que se encuentra el sector minero nacional.
“Bolivia tiene un puñado de operaciones mineras importantes que pueden contarse con los dedos de la mano, entre las cuales destacan San Cristóbal, San Vicente y la mina Don Mario. Para la economía boliviana todas representan el remanente de un portafolio que se desarrolló en los años 90”, manifestó.
Apuntó que junto con otras minas privadas de escala menor producen el 79% del volumen y el 55% del valor de la explotación en Bolivia, con un aporte de 178,8 millones de dólares en regalías, que fueron pagadas en 2018.
“Se acaba la minería privada en el país, la alarma no viene sólo del sector estatal, cuando se dice que se gastaron 55 millones de dólares; con estos datos se puede concluir que el nivel de inversión es nulo y los resultados están a la vista, no hay proyectos mineros importantes ni nuevas minas en el portafolio de Bolivia. En pocos años la crisis del sector podría ser irreversible”, advirtió.
En criterio del exministro, el Gobierno debe revisar la Ley 535 de Minería, con énfasis en tres aspectos: el régimen de derechos mineros; alícuotas impositivas y de participación en las utilidades para proyectos nuevos y en áreas fiscales, y la prohibición de inscripción de derechos en la Bolsa de Valores y bancos.
Afirmó que estos regímenes son una “camisa de fuerza” que ahuyenta la inversión y reduce la iniciativa de los operadores nacionales y extranjeros.
El director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, indicó que los datos oficiales confirman la situación “crítica” de reservas de la minería boliviana, lo que conducirá a que en unos años las principales minas en explotación queden inoperables.
“Los datos oficiales de este informe son categóricos en cuanto al fracaso de los esfuerzos del gobierno del MAS para captar inversión extranjera. Se levantaron barreras como la inseguridad jurídica contenida en la legislación y en los contratos, un régimen tributario ineficaz que no compite con las condiciones más ventajosas de otros países”, señaló.
Cuestionó los fracasos de las empresas de la Comibol, que destinaron más de 800 millones de dólares en proyectos mal concebidos, en los que hubo ineficacia administrativa, corrupción y “clientelismo político”.
Oporto agregó que la prioridad debe ser atraer inversión para la exploración, con empresas especializadas en esas labores, bajo incentivos y seguridad.
27 de febrero de 2020
Fuente: Página Siete
