El fallo de la Corte Internacional de Justicia (cij) del 1 de octubre de 2018, que determinó de manera contundente que “la República de Chile no ha contraído la obligación de negociar un acceso soberano al mar con el Estado Plurinacional de Bolivia”, marca un antes y un después en la centenaria aspiración marítima boliviana. Sea “el verdadero final de la Guerra del Pacífico”, como sostiene del historiador Robert Brockmann, o “uno de los momentos más dramáticos de la historia” de Bolivia, pero que no impedirá la apertura de “caminos renovados en busca de este objetivo irrenunciable”, como afirma Carlos Mesa, lo cierto es que el golpe de La Haya no sólo obliga a una reflexión sobre las causas del fracaso, probablemente el mayor de la diplomacia boliviana, sino también a la búsqueda de nuevas alternativas a la que ha sido la piedra angular de nuestra política exterior.
A pesar del afán gubernamental de minimizar y relativizar las consecuencias del veredicto con fines de política coyuntural, la mayor parte de los internacionalistas y analistas independientes coincide en señalar que la sentencia es una derrota jurídica, política, diplomática e histórica en toda la línea, puesto que clausuró la única puerta que quedaba abierta tras el desastre militar de 1879 y la frustrada demanda ante la Liga de las Naciones de 1920 en busca de la revisión del Tratado de 1904.
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