Bolivia se halla en una coyuntura propicia para exigir cuentas de lo hecho hasta ahora en materia de política educativa. La intención del artículo es sumarse y animar una buena discusión seria y fundamentada sobre lo que se propone y sobre lo que puede hacer y encargarse al sistema educativo, de modo que se pueda organizar una agenda de debate que priorice problemáticas del sistema educativo en general. Como consecuencia de ello, se podría posteriormente especificar umbrales mínimos de desempeño esperado en lo que puede denominarse la estimación de la calidad del servicio educativo.
Mediciones educativas
Nuestro sistema educativo no goza de buena salud a pesar de no contar lamentablemente con evidencias objetivas sistemáticamente producidas sobre ello para respaldar esta afirmación. Las políticas educativas son las que median la relación entre la sociedad y el sistema educativo. En ese sentido, un tema sensible son los resultados de las mediciones de logro educativo. Al respecto, el país sólo cuenta con datos de dos mediciones. La primera realizada en el año 1997 por el Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL) durante la reforma del año 1994 y la segunda, el operativo realizado el año 2010 por el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa (OPSE). Cerca de 10 años después está en puertas otra medición. Cabe preguntarse ¿cómo es posible que se pueda diagnosticar el estado de la calidad o desempeño académico de los estudiantes con datos recogidos en tiempos tan largos entre una y otra medición?
En estos 22 años han pasado dos reformas ¿a cuál de ellas se puede atribuir avances o retrocesos? ¿Se puede establecer de manera tajante que una reforma concluyó y que otra empezó y por tanto sus efectos son atribuibles en una relación causa efecto? Revisando las metodologías de evaluación de ambos operativos no se alcanzan a ver semejanzas importantes, pero quizá sea posible derivar algunas apreciaciones generales. Desde ya, el supuesto de la uniformidad del cambio está en duda por cuanto la distancia entre un modelo y otro no parece ser tan radical como a veces se anuncia. Y por cierto, los profesores aún siguen tratando de dar respuestas a preguntas fundamentales y esenciales de siempre como por ejemplo ¿es mejor enseñar a leer con sílabas o palabras completas? Ellos todavía tienen libros tan antiguos como “Coquito” y “Alborada” bajo el brazo, así como también llevan indicaciones sobre trabajar con el “enfoque textual comunicativo”. ¿Qué puede decirnos una nueva medición? Probablemente lo que ya intuimos.
En la medición del SIMECAL para 3º y 6º de primaria los resultados fueron establecidos comparando los rendimientos nacionales con un puntaje “T”. En ambos grados la conclusión afirma que “en el país los escolares durante su permanencia en el Sistema Escolar logran de manera medianamente aceptable los objetivos educacionales”.
De todos modos, mantener la línea estática (flatlining) no necesariamente representa una situación negativa. Cuesta mucho esfuerzo lograr que los estudiantes “mantengan el ritmo del aprendizaje” año tras año. Sin embargo, es muy probable como el análisis del SIMECAL insinuaba, que quienes tienen mejores puntajes frente a aquellos que
tienen bajos puntajes sean el resultado de fuertes y resistentes desequilibrios internos social y económicamente hablando. Colegios privados versus públicos, zonas urbanas versus rurales o población indígena versus no indígena, siguen manteniendo una distancia despreciable en términos de la necesidad de velar por la equidad y justicia. Empero, esto puede ocurrir en el plano interno. Si nos comparamos con otros países de la región, y la participación en el LLECE así lo determina, entonces nuestra apreciación del “aprendizaje promedio” puede desencantar notablemente todos los reconocimientos reconfortantes.
¿Qué debe hacer el sistema educativo para mejorar?
Las opiniones por cuenta propia son la norma cuando se trata de proponer una o más innovaciones sustanciales que redunden en el aprendizaje de los estudiantes y en sus consecuencias susceptibles de ser objetivamente verificables. De entrada en este análisis debemos lidiar con una idea incómoda, quienes suelen opinar y, es más, determinar las políticas educacionales no han sido ni actores ni testigos de la escuela pública (profesores o alumnos). Incluso tienen a sus hijos y, porque no nietos, a resguardo de ella. Esto no es un fenómeno nuevo en Latinoamérica. No obstante, ello no significa que no se pueda opinar, trabajar y hasta apoyar decisiones.
En el país, cada día cerca de 2.800.000 de estudiantes asisten a las escuelas con la esperanza de aprender algo. Más del 90% de ellos pertenecen a la educación pública y es precisamente el sector que más críticas recibe y al que una cantidad de especialistas acuerdan sugerir cambios, aunque se espera que luego se generalicen incluyendo a la educación privada. En general, luego de más de 20 años de reformas en la región y en el mundo, las medidas estándar que los gobiernos han adoptado para mejorar sus sistemas educativos han sido las siguientes: la revisión y/o reformulación de los planes de estudio, modificaciones a las remuneraciones docentes, el desarrollo de capacidades técnicas de profesores y directores, la aplicación de evaluaciones a los estudiantes, el diseño de sistemas más fiables y transparentes de datos e información y el establecimiento de un marco legal adecuado y de consenso que facilite el trayecto a la mejora educativa.
Las propuestas de mejora deban ser organizadas en función de lo que históricamente se ha ido trabajando y teniendo un núcleo claro y definido. Por ello mismo, los cambios radicales o quienes desean desarrollar “nuevas reformas” no hagan al final sino “angustiosos conjuros para poner a su servicio los espíritus del pasado, tomar prestados sus nombres, consignas y ropaje” y aparecer como una nueva escena con un repetido guion de actuaciones cuyas fronteras están más cerca de la tradición que de la innovación.
Entre las acciones del “futuro” se propone, por ejemplo, incorporar un sistema universitario en la formación de profesores ignorando que esto toma por lo menos cinco años de estudio y otros cinco de práctica (hasta aprender a ser profesor). 10 años por lo menos se tendrían que esperar para que mejore la educación; simplemente inaudito. Lo que no supone que se deba mejorar la matriz formativa de ellos. También se escucha voces que reclaman la incorporación de las “tic” en las aulas dejando de lado que si bien hay un crecimiento exponencial de la tecnología aún no hay suficientes evidencias de que dentro del aula influya profundamente en el aprendizaje.
Con el mismo énfasis se propone desgraduar la escuela y organizar por niveles el desempeño de los estudiantes cuando esto fue probado en los años iniciales de la reforma del 94 con escasos resultados lo que motivaría más bien a hacer una reflexión sobre ello. Disminuir las materias y el número de estudiantes por aula, proponer estándares (poner bajos y altos estándares es institucionalizar el fracaso), proponer metodologías tales como el aprendizaje basado en la investigación, la instrucción individualizada, la combinación de la enseñanza con los estilos de pensamiento, el aprendizaje basado en los problemas, el aprendizaje del lenguaje integral; el control del estudiante sobre el aprendizaje, la fuerte apuesta por la mejora de la infraestructura y tratar de extender la jornada escolar, todo ello muy de moda y políticamente popular tiene en el balance final debilidad y fragilidad a la hora de mostrar efectos rápidos y claros en el aprendizaje de los estudiantes. No se puede negar que funcionan de verdad, pero de ninguna manera en la magnitud que se cree.
Hay una carencia impresionante de estudios en el país que respalde que alguna de estas medidas repetimos, políticamente populares, tenga evidencias fuertes para ser aplicada e impulsar verdaderamente el aprendizaje hacia adelante. No hay duda que en algunas experiencias así ocurre, pero nuevamente, las evidencias son por cuenta propia.
Sostener el cambio
Como hemos visto, las políticas se construyen y rápidamente pueden cambiar. Quizá el mayor pilar de la sostenibilidad del cambio educativo esté en los profesores, pero sobre todo en quienes integren estas nociones de cambio en sus estructuras y prácticas pedagógicas. Una red de ayuda intermedia entre el centro y las aulas es imprescindible para que los profesores modifiquen sus convicciones; este es un cambio cultural profundo porque se trata de un cambio de prácticas, es decir, de maneras de comprender la realidad y las propias actuaciones. Se necesita seguir discutiendo y entendemos que se debe recuperar los espacios de deliberación sin que se reduzcan a meros recursos procedimentales especificados por la norma. Más conectividad y vínculos sectoriales es un insumo básico para construir una buena agenda.
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Agradecemos la colaboración para este artículo del sicólogo y especialista en educación Marco Salazar.