El estudio propone una Ley de Inversión Extranjera, reformular la Ley de Arbitraje, estabilidad jurídica, una reforma constitucional y judicial, y de la regulación para que se pueda atraer más inversión externa.
Un nuevo estudio de la Fundación Milenio advierte que Bolivia se encuentra a la zaga en Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina y propone seis medidas urgentes para volver a atraer capitales como una nueva Ley de Inversiones y ajustes a la Ley de Arbitraje, entre otras reformas legales.
“El capital constructivo, la inversión extranjera en Bolivia”, es el libro publicado por la fundación con el aporte de los investigadores Henry Oporto como coordinador; Miguel Aguilar, Orlando Castellón, Pablo Mendieta, José Antonio Peres Velasco, Alfredo Seoane, Jaime Villalobos y Francesco Zaratti.
Los datos que incluye el libro con base en información de la Cepal revelan que de 2005 a 2011 Bolivia captó 1.761 millones de dólares en promedio de IED; de 2012 a 2017 otros 5.069 millones de dólares, pero de 2018 a 2020 se tuvo un flujo negativo de -1.012 millones de dólares. Esto a diferencia de los millones de dólares de entradas de capital que tuvieron otros países de la región (ver cuadro).
José Antonio Peres, licenciado en derecho y ciencias políticas, y uno de los investigadores que contribuyen al estudio, señala que el marco legal de las inversiones en Bolivia se halla en la Constitución, Ley de Promoción de Inversiones, el Código de Comercio y la Ley de Conciliación y Arbitraje.
También están las leyes sectoriales de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y otras.
En Bolivia las empresas nacionales como extranjeras están sujetas al régimen de control y fiscalización establecido por el Decreto Supremo 0071 de 2009, en sustitución del Sistema de Regulación Sectorial (Sirese).
Ese decreto creó la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, con la función de fiscalizar, controlar, supervisar y regular a las compañías.
De esa manera, el texto señala que en Bolivia se dio un retroceso a un sistema económico centralizado bajo control estatal, y en el que se debilitó el principio de neutralidad.
Sin embargo, todas esas normas no contribuyeron a la atracción de inversión y Peres considera que el país está frente a un marco normativo-regulatorio disfuncional al objetivo de promover la inversión privada nacional y la IED.
A esto se debe sumar la baja confianza en el sistema judicial.
Ley de Inversión
El estudio plantea la necesidad de que el país tenga una Ley de Inversión Extranjera con alcance exclusivo a la IED, compatible con el interés económico y soberanía del país.
De acuerdo con Peres, esa norma debe tener como premisa el reconocimiento y respeto de los principios regulatorios contenidos en la legislación comparada y práctica internacional en materia de promoción, constitución y protección de la IED.
Debe garantizar libertad de inversión, igualdad de tratamiento, trato más beneficioso, justo y equitativo, indemnización por expropiación o daño y libre transferencia de fondos.
Estabilidad jurídica
Peres sostiene que una alternativa es la aplicación de una ley especial de contratos de estabilidad jurídica. Se puede tomar como referencia la Ley de Estabilidad Jurídica para los Inversionistas 963 de Colombia que, entre otros aspectos, impone el pago de una prima por los inversionistas que suscriban un contrato de estabilidad jurídica.
Reformular Ley de Arbitraje
Peres considera que si se quiere dar una señal positiva al mercado internacional, es indispensable reformular la Ley de Conciliación y Arbitraje.
Esto presupone establecer con carácter general que los contratos administrativos puedan sujetarse a la conciliación y arbitraje y puedan aplicarse en todos los casos en que el Estado actúe como sujeto de derechos patrimoniales.
Reforma constitucional
Para lograr una apertura plena de la economía a la IED, de acuerdo con el estudio, es indispensable una reforma constitucional que aborde la independencia de los poderes públicos y la neutralidad e imparcialidad de órganos como la Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y agencias de regulación.
Reforma judicial
El estudio también resalta que es imperiosa la necesidad de una reforma del sistema judicial.
Esto supone eliminar la actual forma de designación de los altos magistrados de la esfera juridisccional, promover medios alternativos de resolución de controversias (arbitraje, conciliación y mediación), para aliviar la carga judicial y disminuir la litigiosidad existente.
Régimen regulatorio
Se debe construir un régimen regulatorio de empresas basado en la seguridad jurídica, la transparencia y la corrección de las asimetrías del mercado.
“Se trata de transitar de un régimen de control político, burocrático y punitivo hacia una forma de regulación moderna que privilegia la corrección preventiva y promueve la libre competencia y la competitividad empresarial”, indica Peres.
Rol de la IED en Bolivia
A partir de las experiencias exitosas en el país, el director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, destaca que a pesar de la menor cuantía en comparación a otros países, la participación del capital extranjero ha sido valiosa en las últimas tres décadas.
Incluso decisiva para el boom económico de los años 2006-2015, comparable con el auge económico de las primeras dos décadas del siglo XX impulsado por la minería del estaño.
Añade que la entrada de la IED a los sectores de hidrocarburos y minería, dentro del proceso conocido como capitalización, creó las condiciones básicas necesarias para que a partir de 2005 con el súper ciclo de las materias primas, y los precios históricos de las exportaciones de commodities, Bolivia experimente una bonanza de ingresos externos y fiscales.
La IED también fue determinante para la modernización y la expansión de las telecomunicaciones y su impacto económico.
El investigador Orlando Castellón subraya la importancia de la capitalización de ENTEL en 1996 y la apertura del sector al capital extranjero, que permitió revertir años de atraso tecnológico y falta de inversiones, para insertar al país en el mundo de la conectividad y los servicios digitales.
Oporto menciona que la agroindustria es otra actividad potenciada por la IED y que abrió una posibilidad de diversificación económica, en particular desde la producción de oleaginosas.
Según el director de la Fundación Milenio, la IED no sólo es importante por su aporte al crecimiento económico, sino a la creación de una cultura de prácticas empresariales de integridad, transparencia, respeto a la ley, protección del medioambiente, derechos laborales y responsabilidad social, estimados como valores y atributos del capital constructivo en oposición al capital corrosivo.
El estudio de IED
Concepto El “capital constructivo” alude a las experiencias de éxito de IED en la economía boliviana, que destacan por sus cualidades de integridad, transparencia y respeto a la legalidad. Se trata de inversiones que son portadoras de buenas prácticas empresariales y de un aporte genuino al desarrollo socioeconómico y democrático de Bolivia.
Casos El libro “El capital constructivo”, publicado por Fundación Milenio, toma como estudio los casos de la Minera San Cristóbal, Empresa Minera Paitití, Transredes, Cobee, Tigo, Alicorp y Gravetal, Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y Unilever. Analiza a su vez la legislación nacional e internacional en materia de inversiones.
11 de abril de 2022
Fuente: Página Siete
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