El Informe Económico de Milenio No. 17, se publica en un contexto difícil para nuestro país, debido a que el proceso de reformas que permitieron lograr avances significativos en la modernización de las instituciones, está posiblemente en su momento más complicado. Particularmente el conjunto de medidas que convirtieron a Bolivia en un escenario estimulante para la inversión extranjera, por el contenido integral de la normativa que proporcionaba seguridad jurídica y rentas significativas para el Estado, comenzará a revertirse por medio de las modificaciones que pretenden realizarse a la Ley de Hidrocarburos de 1996.
El marco legal del sector de hidrocarburos, generó las condiciones para captar un gran flujo de inversión extranjera, nunca antes registrada en la historia económica de Bolivia, que colocó al país en una situación envidiable, porque se encontraron en poco tiempo importantes reservas de gas natural, que debían permitir impulsar ambiciosos proyectos de exportación hacia el norte del hemisferio y también al Cono Sur de Sudamérica, de manera que Bolivia se convirtiese en un centro de distribución energética. La implementación de los grandes proyectos de exportación hubieran permitido al Estado captar importantes rentas que adecuadamente administradas habrían financiado la inversión en capital humano y en infraestructura.
En otras palabras, las rentas gasíferas representaban la esperanza de la viabilidad económica de Bolivia. Hoy, no existen proyectos y la posibilidad de exportar a California y a México parecen sino lejanas irremediablemente perdidas, y estamos en el camino de convertirnos en “prisioneros” de los mercados brasileño y argentino. El yacimiento peruano de Camisea que en relación a Bolivia tenía un atraso considerable en su desarrollo, en este momento nos lleva una ventaja de por lo menos dos años. ¿Esta será una nueva frustración en nuestra historia?
