Dicen los economistas que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, que recientemente fue enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación, es optimista en cuanto al crecimiento, aumento de la inversión pública y captación de financiamiento externo, lo que quiere decir que es poco realista en sus metas.
Es, además, centralista en lo referente a la distribución de los fondos porque la tajada descomunalmente más grande se queda en el Gobierno central y sólo una pequeña parte va a las regiones y universidades.
Por otro lado, está diseñado para apretar más a los mismos contribuyentes ante la caída de los ingresos externos y está orientado a sostener un enorme aparato burocrático estatal. En contrapartida, no es un presupuesto que garantice la recuperación económica, precisamente por los problemas señalados.
En cuanto al crecimiento, el PGE prevé un 5,1% para el próximo año, lo cual no deja de ser optimista, ya que este 2021, gracias al efecto rebote, el país cerrará con 5%, según las proyecciones de organismos internacionales. La pandemia aún no ha terminado y las proyecciones internacionales de crecimiento son modestas y en muchos casos a la baja, por eso llama la atención que el Gobierno repita el porcentaje para el año 2022. Por otro lado, el presupuesto se propone un aumento de la inversión pública del 25%, pero considerando la baja ejecución de este año, según la fundación Milenio, esta es una meta poco realista.
Y finalmente, se prevé un financiamiento externo de 5.300 millones de dólares, de los cuales, 2 mil millones vendrían de la colocación de bonos soberanos. Pues bien, este 2021, también se proyectó captar dinero mediante ese mecanismo, pero el objetivo no ha sido conseguido.
En cuanto a ingresos corrientes, el PGE prevé una caída de los ingresos del IDH (básicamente por la venta del gas) en 11%, pero en contrapartida proyecta un incremento de las recaudaciones impositivas del 12,1%, lo que quiere decir que la presión sobre los mismos contribuyentes de siempre aumentará este 2022.
La recaudación, según el PGE, será de 50.470 millones de bolivianos, mientras que el gasto en sueldos, salarios, aportes a la seguridad social y beneficios sociales llegará a 51.504 millones de bolivianos, lo que quiere decir que todo el dinero recaudado apenas alcanzará para sostener al aparato público. Si bien el Gobierno aclara que con estos fondos se paga a todos los servidores públicos, entre ellos, maestros, médicos, policías y militares, también es cierto que existe un gran aparato que no es social ni productivo, por ejemplo, el de las empresas públicas deficitarias que demandan erogaciones contraproducentes.
Ya es hora de que el Gobierno entre en un proceso de sinceramiento sobre el enorme gasto que significan para el Estado las empresas públicas improductivas, que son subvencionadas sólo con fines ideológicos y sin ninguna lógica empresarial.
Decíamos que el presupuesto es además centralista porque a los gobiernos departamentales, municipales e indígenas se les asigna un total de 26.900 millones de bolivianos, mientras que el total agregado al nivel central es de 304.045 millones de bolivianos. Es decir, menciona la Fundación Milenio en un boletín, sólo el 8,8% de los recursos presupuestados irán a los gobiernos territoriales. La situación en las universidades no es mejor, pues sólo recibirán el 2% del PGE 2022.
Esta puede ser una fuente de constante conflictividad, tomando en cuenta que tanto gobernaciones y alcaldías como universidades tienen necesidades apremiantes que no están pudiendo cumplir.
El otro problema es el alto déficit fiscal que se viene repitiendo desde hace siete años y que para el próximo se proyecta superior al 9%. Este hueco se financia con el Banco Central de Bolivia y con las captaciones de fondos de las AFP. Ese dinero bien podría ser dirigido hacia el fortalecimiento del aparato productivo en vez de ir a pagar un déficit casi incontrolable y que tiene relación, también, con el crecimiento descomunal del Estado durante los gobiernos del MAS. En síntesis, estamos ante un presupuesto que responde a los intereses políticos del Gobierno antes que a la urgente necesidad de reactivar el país.
4 de diciembre de 2021
Fuente: Página Siete
