El Gobierno ha decidido devolver una parte de los aportes de las AFP a un grupo de aportantes, lo cual dicho así suena interesante, primero porque de esa manera se inyectaría recursos para movilizar la economía, y segundo porque permitiría a esos beneficiados disponer de recursos en momentos en que la pandemia ha prácticamente destruido la economía familiar de muchos bolivianos.
Sin embargo, conocido en detalle el proyecto de ley que debate la Asamblea Legislativa, resulta que por las diversas restricciones de saldos, ocupación o edades, más del 90 por ciento de los asalariados quedará por fuera de la posibilidad de recuperar sus aportes, revela un estudio de la Fundación Milenio.
El proyecto dice que podrán retirar hasta el 100 por ciento de sus aportes los que tengan un saldo igual o menor a Bs 10.000, pero que además tengan más de 50 años.
Los que tengan un saldo igual o menor a Bs 100.000 podrán retirar el 15 por ciento, pero si esas personas tienen empleo, público o privado, no podrán acceder a sus ahorros.
Nadie que tenga más de Bs 100.000 en aportes podrá acceder a ningún retiro. Tampoco podrán acceder al retiro de aportes las personas que tengan una pensión de vejez, pensión solidaria o de invalidez o estén tramitándola.
Y tampoco podrán hacer retiros las personas que trabajaron en el sector público desde diciembre de 2019. En este artículo, hubiera sido más explícito y directo si el proyecto dijera “los pititas o empleados públicos del gobierno de Jeanine Áñez no podrán retirar nada, aunque cumplan los requisitos”. Porque de eso se trata, lo cual constituye una burda discriminación política del Gobierno del presidente Luis Arce.
El proyecto también establece que los asegurados que hagan retiros no podrán beneficiarse del Fondo Solidario y perderán la posibilidad de recibir una pensión vitalicia para el titular, su cónyuge y sus hijos menores de 25 años.
Y finamente, las personas que accedan al retiro de sus aportes también dejarán de acceder a un seguro de salud, lo cual en una época de pandemia como la que estamos viviendo parece un inexplicable contrasentido.
En paralelo al tratamiento de la ley, el Gobierno ha advertido a los aportantes que sus jubilaciones sufrirán deterioro por el retiro de recursos de las AFP.
En los hechos, las propias autoridades nacionales parecen empeñadas en desincentivar a los pocos beneficiarios potenciales de la medida para que no hagan retiros parciales de sus ahorros.
Las múltiples restricciones y las prevenciones de “si haces esto te puede pasar aquello” parecen revelar que en realidad la medida de la devolución parcial de aportes es más el cumplimiento forzado de una promesa electoral de la reciente campaña que una política económica para apoyar a los más necesitados y reducir el impacto del desempleo provocado por la larga pandemia.
El descontento ha comenzado a manifestarse de diversas formas; una de ellas es el bloqueo de carreteras en el Chaco, donde trabajadores exigen que se apruebe la devolución del cien por ciento de los aportes. Otros sectores de trabajadores demandan ser consultados por la devolución de sus aportes porque perciben que no son beneficiados. Y como ellos, hay bastante descontento que comenzará a manifestarse pese a la prisa con que el oficialismo está aprobando la medida en las cámaras legislativas.
Las autoridades del sector económico pudieron haber evitado estas reacciones si estudiaban similares medidas que se adoptaron en otros países, como en Chile, donde se hizo una devolución del 10 por ciento de los aportes que favoreció a todos los aportantes, sin discriminaciones ni tantos condicionamientos como en Bolivia.
26 de enero de 2021
Fuente: El Deber
